Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

El sistema fiscal en México es una pieza fundamental para el funcionamiento del gobierno, ya que regula cómo se obtienen y administran los recursos públicos necesarios para financiar programas sociales, servicios básicos y proyectos de infraestructura. En su núcleo está el derecho fiscal, que establece las reglas bajo las cuales se recaudan y administran los ingresos, definiendo tanto las obligaciones de los contribuyentes como los mecanismos de defensa para proteger sus derechos. Este marco normativo es crucial para garantizar un equilibrio entre las necesidades de recaudación del Estado y la protección de los ciudadanos.

Los ingresos del gobierno se dividen en tributarios y no tributarios. Entre los primeros, destacan los impuestos como el ISR, que grava los ingresos de personas físicas y morales, y el IVA, que se aplica al consumo de bienes y servicios. Estas aportaciones son esenciales y, para 2024, se espera que representen el 14.4% del PIB, un nivel histórico que refleja el esfuerzo por consolidar una recaudación eficiente. Además, los ingresos no tributarios, provenientes de entidades como el IMSS y la CFE, complementan estas cifras al aportar recursos significativos destinados a garantizar servicios públicos esenciales y programas sociales. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) son los principales responsables de coordinar y supervisar estas operaciones.

El derecho fiscal también establece diversas responsabilidades para los contribuyentes, como el registro en el RFC, la emisión de comprobantes fiscales digitales (CFDI) y el cumplimiento de las disposiciones a través de herramientas tecnológicas como el Buzón Tributario. Estas obligaciones permiten al gobierno llevar un control más eficiente de los ingresos y asegurar el cumplimiento de las leyes fiscales. Sin embargo, el sistema fiscal no solo se enfoca en las obligaciones, sino que también protege los derechos de los contribuyentes, ofreciendo recursos como el Juicio Contencioso Administrativo, el amparo y el acceso a información y asistencia por parte de las autoridades fiscales.

En términos del uso de los recursos recaudados, el presupuesto para 2024 prioriza el desarrollo social y la inversión en infraestructura. Se estima que el 11.6% del PIB se destinará a programas sociales como salud, educación y seguridad, mientras que un 2.8% será invertido en proyectos estratégicos para ampliar la capacidad productiva del país y fomentar la conectividad. Estas medidas buscan reducir las desigualdades económicas y sociales, fortaleciendo tanto el bienestar de la población como el desarrollo regional.

El sistema fiscal mexicano, regulado por el derecho fiscal, es un reflejo de la necesidad de mantener finanzas públicas sanas y una economía sólida. Además de garantizar ingresos para el gobierno, establece un marco claro de derechos y obligaciones para los contribuyentes, promoviendo la transparencia y el cumplimiento de las leyes tributarias. En un entorno económico global cada vez más desafiante, esta estructura resulta esencial para enfrentar retos y construir un país más equitativo y competitivo.